MEMORANDO PARA LOS JEFES DE DEPARTAMENTOS Y ORGANISMOS EJECUTIVOS

Asunto: Garantizar la aplicación de la Regla Federal de Procedimiento Civil 65(c)

En las últimas semanas, organizaciones activistas impulsadas por cientos de millones de dólares en donaciones y a veces incluso subvenciones gubernamentales han obtenido órdenes judiciales de gran alcance que van mucho más allá del alcance de reparación contemplado por las Reglas Federales de Procedimiento Civil, insertándose funcionalmente en el proceso de elaboración de políticas ejecutivas y, por lo tanto, socavando el proceso democrático.

Esta toma de control antidemocrática está orquestada por organizaciones que buscan el foro más favorable y que presentan repetidamente demandas sin fundamento, utilizadas para recaudar fondos y exhibir su poder político, sin ninguna repercusión cuando fracasan. Los contribuyentes se ven obligados no solo a cubrir los costos de sus maniobras cuando se les prohíben las decisiones de financiación y contratación, sino también a esperar innecesariamente las políticas gubernamentales que votaron. Además, esta situación hace que el Departamento de Justicia, la principal agencia de seguridad pública del país, dedique importantes recursos a combatir demandas frívolas en lugar de defender la seguridad pública.

La administración eficaz de justicia en los tribunales federales depende de mecanismos que disuadan los litigios frívolos, protejan a las partes de costos injustificados y agilicen los procesos judiciales. Un mecanismo clave es la Regla Federal de Procedimiento Civil 65(c) (Regla 65(c)), que exige que la parte que solicite una medida cautelar o una orden de restricción temporal (medida cautelar) proporcione una garantía por la cantidad que el tribunal considere adecuada para cubrir los posibles costos y daños a la parte afectada si la medida cautelar se emite incorrectamente. La aplicación constante de esta regla es fundamental para garantizar que los contribuyentes no tengan que asumir los costos o daños causados ​​por medidas cautelares emitidas incorrectamente por jueces activistas y para lograr una administración de justicia eficaz.

Por lo tanto, es política de Estados Unidos exigir que las partes que soliciten medidas cautelares contra el Gobierno Federal cubran los costos y daños ocasionados si se determina que el Gobierno ha sido injustamente interpuesto. Los tribunales federales deben responsabilizar a los litigantes por sus declaraciones falsas y por la concesión indebida de medidas cautelares.

De conformidad con la legislación aplicable, se instruye a los jefes de departamentos y agencias ejecutivas (agencias), en consulta con el Fiscal General, a garantizar que sus respectivas agencias soliciten debidamente, conforme a la Regla 65(c), que los tribunales federales de distrito exijan a los demandantes el depósito de una garantía equivalente a los posibles costos y daños que el Gobierno Federal podría sufrir como consecuencia de una orden judicial emitida indebidamente. El alcance de esta directiva abarca todas las demandas interpuestas contra el Gobierno Federal que soliciten una orden judicial, en las que las agencias puedan demostrar los daños o costos monetarios previstos derivados de la medida cautelar solicitada, salvo que circunstancias extraordinarias justifiquen una excepción.

En las solicitudes de seguridad conforme a la Regla 65(c), las agencias deberán incluir, entre otras cosas, que:

(a) La regla 65(c) exige que el tribunal exija, en todos los casos aplicables, que el solicitante de una medida cautelar deposite una garantía por un monto que el tribunal considere adecuado para cubrir los posibles costos y daños a la parte objeto de la medida cautelar o restringida;

(b) el monto de la garantía que solicita la agencia se basa en una evaluación razonada del daño potencial a la parte obligada o restringida; y

(c) el incumplimiento de la Regla 65(c) por parte de la parte que solicitó una medida cautelar da como resultado la denegación o disolución de la medida cautelar solicitada.

Este memorando no pretende crear, ni crea, ningún derecho o beneficio, sustantivo o procesal, exigible por ley o en equidad por ninguna de las partes contra los Estados Unidos, sus departamentos, agencias o entidades, sus funcionarios, empleados o agentes, o cualquier otra persona.

                             Donald J. Trump