En virtud de la autoridad que me confieren como Presidente la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, por la presente se ordena:

Sección 1. Propósito. La pena capital es una herramienta esencial para disuadir y castigar a quienes cometen los crímenes más atroces y los actos de violencia letal contra los ciudadanos estadounidenses. Antes, durante y después de la fundación de los Estados Unidos, nuestras ciudades, estados y nuestro país han recurrido continuamente a la pena capital como el elemento disuasorio definitivo y el único castigo adecuado para los crímenes más viles. Nuestros fundadores sabían bien que sólo la pena capital puede traer justicia y restablecer el orden en respuesta a tal maldad. Por esta y otras razones, la pena capital sigue gozando de un amplio apoyo popular.

Sin embargo, durante demasiado tiempo, los políticos y jueces que se oponen a la pena capital han desafiado y subvertido las leyes de nuestro país. A cada paso, buscan frustrar la ejecución de sentencias capitales impuestas legalmente y optan por hacer cumplir sus creencias personales en lugar de la ley. Cuando el presidente Biden asumió el cargo en 2021, permitió que su Departamento de Justicia emitiera una moratoria sobre las ejecuciones federales, desafiando su deber de ejecutar fielmente las leyes de los Estados Unidos que prevén la pena capital. Y el 23 de diciembre de 2024, el presidente Biden conmutó las sentencias de 37 de los 40 violadores, abusadores de menores y asesinos más viles y sádicos en el corredor de la muerte federal: criminales implacables que brutalizaron a niños pequeños, estrangularon y ahogaron a sus víctimas y cazaron a extraños por deporte. Conmutó sus sentencias a pesar de que las leyes de nuestra nación siempre han protegido a las víctimas al aplicar la pena capital a actos bárbaros como los suyos. Los jueces que se oponen a la pena capital también han hecho caso omiso de la ley al afirmar falsamente que la pena capital es inconstitucional, aun cuando la Constitución reconoce explícitamente su legalidad.

Estos esfuerzos por subvertir y socavar la pena capital desafían las leyes de nuestra nación, son una burla a la justicia e insultan a las víctimas de estos horribles crímenes. La responsabilidad más solemne del Gobierno es proteger a sus ciudadanos de actos abominables, y mi Administración no tolerará esfuerzos por obstaculizar y desmantelar las leyes que autorizan la pena capital contra quienes cometen actos horribles de violencia contra ciudadanos estadounidenses.

Sección 2. Política. Es política de los Estados Unidos asegurar que las leyes que autorizan la pena capital se respeten y se apliquen fielmente, y contrarrestar a los políticos y jueces que subvierten la ley obstruyendo e impidiendo la ejecución de las sentencias capitales.

Artículo 3. Pena capital federal. (a) El Procurador General perseguirá la pena de muerte para todos los delitos de una gravedad que exija su uso.

(b) In addition to pursuing the death penalty where possible, the Attorney General shall, where consistent with applicable law, pursue Federal jurisdiction and seek the death penalty regardless of other factors for every federal capital crime involving:

(i)   The murder of a law-enforcement officer; or

(ii)  A capital crime committed by an alien illegally present in this country.

The Attorney General shall encourage State attorneys general and district attorneys to bring State capital charges for all capital crimes with special attention to the crimes described in Subsections (i) and (ii), regardless of whether the federal trial results in a capital sentence.

(d)  The Attorney General shall take all appropriate action to modify the Justice Manual based on the policy and purpose set forth in this Executive Order.

(e)  The Attorney General shall evaluate the places of imprisonment and conditions of confinement for each of the 37 murderers whose Federal death sentences were commuted by President Biden, and the Attorney General shall take all lawful and appropriate action to ensure that these offenders are imprisoned in conditions consistent with the monstrosity of their crimes and the threats they pose.  The Attorney General shall further evaluate whether these offenders can be charged with State capital crimes and shall recommend appropriate action to state and local authorities.

Sec. 4.  Preserving Capital Punishment in the States.  (a)  The Attorney General shall take all necessary and lawful action to ensure that each state that allows capital punishment has a sufficient supply of drugs needed to carry out lethal injection.

(b) The Attorney General shall take all appropriate action to approve or deny any pending request for certification made by any State under 28 U.S.C. 2265.

Sec. 5.  Seeking The Overruling of Supreme Court Precedents That Hinder Capital Punishment.  The Attorney General shall take all appropriate action to seek the overruling of Supreme Court precedents that limit the authority of State and Federal governments to impose capital punishment.

Sec. 6.  Prosecuting Crime to Protect Communities.  (a)  The Attorney General shall appropriately prioritize public safety and the prosecution of violent crime, and take all appropriate action necessary to dismantle transnational criminal activity in the United States.

(b)  To ensure the fullest protection of American communities from violence, the Attorney General shall encourage state attorneys general and district attorneys to adopt policies and practices aligned with subsection (a).  Federal law enforcement should coordinate with State and local law enforcement where possible to facilitate these objectives.

Sec. 7.  General Provisions.  (a)  Nothing in this order shall be construed to impair or otherwise affect:

(i)   the authority granted by law to an executive department or agency, or the head thereof; or

(ii) las funciones del Director de la Oficina de Administración y Presupuesto relacionadas con propuestas presupuestarias, administrativas o legislativas.

(b) Esta orden se implementará de conformidad con la ley aplicable y sujeta a la disponibilidad de asignaciones.

(c) Esta orden no pretende, y no crea, ningún derecho o beneficio, sustantivo o procesal, exigible por ley o en equidad por ninguna de las partes contra los Estados Unidos, sus departamentos, agencias o entidades, sus funcionarios, empleados o agentes, o cualquier otra persona.

LA CASA BLANCA,

    20 de enero de 2025.