RESPONSABILIZAR A EX FUNCIONARIOS GUBERNAMENTALES
POR INTERFERENCIA EN LAS ELECCIONES Y DIVULGACIÓN INDEBIDA
DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL SENSIBLE

En virtud de la autoridad que me confieren como Presidente la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, por la presente se ordena:

Sección 1. Propósito. En las últimas semanas de la campaña presidencial de 2020, al menos 51 ex funcionarios de inteligencia se coordinaron con la campaña de Biden para emitir una carta que desacreditaba la información de que el hijo del presidente Joseph R. Biden había abandonado su computadora portátil en una empresa de reparación de computadoras. Los firmantes de la carta sugirieron falsamente que la noticia era parte de una campaña de desinformación rusa.

Antes de ser publicada, la carta fue enviada a la Junta de Revisión de Clasificación Previa a la Publicación de la CIA, el organismo que normalmente se encarga de evaluar formalmente la naturaleza sensible de los documentos antes de su publicación. Los altos funcionarios de la CIA fueron informados del contenido de la carta, y varios de los firmantes tenían autorizaciones en ese momento y mantenían relaciones contractuales vigentes con la CIA.

Los responsables de las políticas federales deben poder confiar en los análisis realizados por la comunidad de inteligencia y tener la seguridad de que son precisos, elaborados con profesionalismo y libres de cualquier manipulación política para afectar los resultados políticos en los Estados Unidos. Los firmantes utilizaron deliberadamente la seriedad de la comunidad de inteligencia como arma para manipular el proceso político y socavar nuestras instituciones democráticas. Esta invención del sello de la comunidad de inteligencia para suprimir información esencial para el pueblo estadounidense durante una elección presidencial es una flagrante violación de la confianza que recuerda a un país del tercer mundo. Y ahora la fe de los estadounidenses en todos los demás profesionales de inteligencia patrióticos que han jurado proteger a la Nación ha sido puesta en peligro.

La seguridad nacional también se ve perjudicada por la publicación de información clasificada. El ex asesor de seguridad nacional John R. Bolton publicó unas memorias para obtener un beneficio económico después de que lo despidieran de su puesto en la Casa Blanca en 2019. El libro estaba repleto de información sensible extraída de su época en el gobierno. El tratamiento imprudente de la información sensible en las memorias socavó la capacidad de los futuros presidentes de solicitar y obtener asesoramiento sincero sobre cuestiones de seguridad nacional de su personal. La publicación también creó un grave riesgo de que el material clasificado se expusiera públicamente.

Para remediar estos abusos de la confianza pública, esta Orden ordena la revocación de cualquier autorización de seguridad activa o actual que tengan: (i) los ex funcionarios de inteligencia que participaron en una coordinación política engañosa e inapropiada con la campaña presidencial de Biden de 2020; y (ii) John R. Bolton.

Sec. 2.  Policy.  (a)  It is the policy of the United States to ensure that the Intelligence Community not be engaged in partisan politics or otherwise used by a U.S. political campaign for electioneering purposes.  The term “Intelligence Community” has the meaning given the term in section 3003 of title 50, United States Code.

(b)  It is the policy of the United States that individuals who hold government-issued security clearances should not use their clearance status to influence U.S. elections.

(c)  It is the policy of the United States that classified information not be publicly disclosed in memoirs, especially those published for personal monetary gain.

Sec. 3.  Implementation.  (a)  Effective immediately, the Director of National Intelligence, in consultation with the Director of the Central Intelligence Agency, shall revoke any current or active clearances held by the following individuals:

              (1)  James R. Clapper Jr.

              (2)  Michael V. Hayden

              (3)  Leon E. Panetta

              (4)  John O. Brennan

              (5)  C. Thomas Fingar

              (6)  Richard H. Ledgett Jr.

              (7)  John E. McLaughlin

              (8)  Michael J. Morell

              (9)  Michael G. Vickers

              (10) Douglas H. Wise

              (11) Nicholas J. Rasmussen

              (12) Russell E. Travers

              (13) Andrew Liepman

              (14) John H. Moseman

              (15) Larry Pfeiffer

              (16) Jeremy B. Bash

              (17) Rodney Snyder

              (18) Glenn S. Gerstell

              (19) David B. Buckley

              (20) Nada G. Bakos

              (21) James B. Bruce

              (22) David S. Cariens

              (23) Janice Cariens

              (24) Paul R. Kolbe

              (25) Peter L. Corsell

              (26) Roger Z. George

              (27) Steven L. Hall

              (28) Kent Harrington

              (29) Don Hepburn

(30) Timothy D. Kilbourn

              (31) Ronald A. Marks

              (32) Jonna H. Mendez

              (33) Emile Nakhleh

              (34) Gerald A. O’Shea

              (35) David Priess

              (36) Pamela Purcilly

              (37) Marc Polymeropoulos

              (38) Chris Savos

              (39) Nick Shapiro

              (40) John Sipher

              (41) Stephen B. Slick

              (42) Cynthia Strand

              (43) Greg Tarbell

              (44) David Terry

              (45) Gregory F. Treverton

              (46) John D. Tullius

              (47) David A. Vanell

              (48) Winston P. Wiley

              (49) Kristin Wood

              (50) John R. Bolton

Two signatories, Patty Patricia A. Brandmaeir and Brett Davis, are deceased.

(b)  Within 90 days of this order, the Director of National Intelligence, in consultation with the Director of the Central Intelligence Agency, shall submit a report to the President through the National Security Advisor that details:

(i) cualquier actividad inapropiada adicional que haya ocurrido dentro de la Comunidad de Inteligencia, por parte de cualquier persona contratada por la Comunidad de Inteligencia o por cualquier persona que tuviera una autorización de seguridad, relacionada con la carta firmada por los 51 ex funcionarios de inteligencia;

(ii) recomendaciones para impedir que la Comunidad de Inteligencia o cualquier persona que trabaje para ella o dentro de ella influya de manera inapropiada en las elecciones nacionales; y

(iii) cualquier acción disciplinaria, incluida la terminación de las autorizaciones de seguridad, que se deba tomar contra cualquier persona que haya participado en una conducta inapropiada relacionada con la carta firmada por los 51 ex funcionarios de inteligencia.

Sec. 4. Disposiciones generales. (a) Nada de lo dispuesto en esta orden se interpretará como que perjudica o afecta de otro modo:

(i) la autoridad otorgada por ley a un departamento o agencia ejecutiva, o al jefe del mismo; o

(ii) las funciones del Director de la Oficina de Administración y Presupuesto relacionadas con propuestas presupuestarias, administrativas o legislativas.

(b) Esta orden se implementará de conformidad con la ley aplicable y sujeta a la disponibilidad de asignaciones.

(c) Esta orden no pretende, y no crea, ningún derecho o beneficio, sustantivo o procesal, exigible por ley o en equidad por ninguna de las partes contra los Estados Unidos, sus departamentos, agencias o entidades, sus funcionarios, empleados o agentes, o cualquier otra persona.

LA CASA BLANCA, 20 de enero de 2025.

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