Hoja informativa: El presidente Donald J. Trump garantiza la aplicación de la regla 65(c) de procedimiento civil federal

GARANTIZANDO LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LOS TRIBUNALES FEDERALES: Hoy, el presidente Donald J. Trump firmó un memorando que ordena a las agencias federales hacer cumplir una norma que exige garantías financieras a quienes soliciten medidas cautelares. Esto garantiza la cobertura de posibles costos o pérdidas si el tribunal posteriormente considera que una medida cautelar fue emitida indebidamente.

• El memorando instruye a los jefes de agencias a que, en consulta con el Procurador General, soliciten conforme a la Regla Federal de Procedimiento Civil 65(c) que los tribunales federales requieran que los demandantes depositen una garantía equivalente a los costos y daños potenciales del gobierno federal por una orden judicial preliminar o una orden de restricción temporal emitidas incorrectamente.
  • La garantía se refiere a una garantía financiera que compensa al gobierno por las pérdidas si posteriormente se determina que una orden judicial no está justificada.
• Esto se aplica a todas las demandas que buscan medidas cautelares u órdenes de restricción temporales donde el gobierno puede demostrar un daño monetario a partir del alivio solicitado.
• Las agencias deben justificar los montos de seguridad basándose en evaluaciones razonadas del daño, asegurando que los tribunales nieguen o disuelvan los mandatos judiciales si los demandantes no pagan, en ausencia de una buena causa.

DETENER LOS EXTRAORDINARIOS JUDICIALES Y LAS DEMANDAS FRÍVOLAS: Al emitir este memorándum, el presidente Trump está garantizando que el proceso democrático permanezca intacto frenando a los jueces activistas y responsabilizando a los litigantes.

• Los jueces de distrito no electos han emitido órdenes judiciales de gran alcance que van más allá de su autoridad, interfiriendo en la formulación de políticas ejecutivas y paralizando políticas que los votantes apoyaban.
• Los grupos activistas presentan demandas sin fundamento para recaudar fondos y obtener beneficios políticos, y no enfrentan consecuencias si pierden, mientras que los contribuyentes soportan los costos y las demoras.
• El Departamento de Justicia se ve obligado a desviar recursos de la seguridad pública para combatir estos casos frívolos, debilitando la gobernanza efectiva.
• La aplicación de la Regla 65(c) disuade este tipo de litigios al responsabilizar a los demandantes de los costos y los daños si sus órdenes judiciales carecen de fundamento, protegiendo así los fondos de los contribuyentes y la integridad judicial.

FORTALECER EL SISTEMA JUDICIAL DE ESTADOS UNIDOS: El presidente Trump está comprometido a proteger nuestra democracia, desafiar los excesos judiciales y garantizar que se respete el estado de derecho.

• Las órdenes judiciales pueden costar a los contribuyentes millones o incluso miles de millones de dólares, especialmente cuando exigen una financiación continuada.
• Según un prestigioso estudio, el presidente Trump nombró jueces "superestrella" de alto rendimiento. Los jueces de Trump ocuparon 9 de los 11 puestos más altos en productividad y 9 de los 10 más altos en influencia.
• Los jueces del presidente Trump también están considerados como los menos partidistas.
• Varios jueces de la Corte Suprema han advertido recientemente que los “jueces de tribunales de distrito únicos” que actúan fuera de su poder judicial están “abusando” del poder que se les ha confiado.